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“23 para 26”
El 23 de Noviembre hay 26 razones para votar
DILE NO AL PAQUETAZO
Por: GILBERTO REYES KINZLER
Dentro del marco de la Ley Habilitante, el Presidente de la República, en un solo acto y sin habernos consultado nada, ha impuesto 26 nuevas leyes cuyo contenido centralista es definitivamente confiscador de nuestra soberanía y del poder popular que hasta ahora habíamos conquistado. De allí, que si no conoces su contenido y piensas quedarte de brazos cruzados esperando que otros resuelvan por ti, en tus manos tienes 26 razones para hacer tu parte, votar el próximo 23 de Noviembre.-

1.- LEY ORGÁNICA DE LA ADMINISTRACIÓN PUBLICA:

Mediante esta ley, el Presidente de la República tiene la facultad exclusiva, de nombrar autoridades regionales y autoridades únicas de área, para desarrollar sus políticas públicas, pasando por encima de los Gobernadores de estados y de los Alcaldes que, en ejercicio de nuestra soberanía, nosotros elegimos popularmente, acabando con la descentralización, limitando así el verdadero poder popular al centralizar sólo en la voluntad del Presidente y sus amigos, todo lo referente al desarrollo de nuestras regiones. (Artículos 70 y 73).

Esto es exactamente lo que quería el presidente de la República en el proyecto de reforma Constitucional, relativo a la nueva geometría del poder. (Artículo 16 del Proyecto al cual dijimos NO el pasado 2 de Diciembre). Lo recuerdas?

2.- LEY PARA LA DEFENSA DE LAS PERSONAS EN EL ACCESO A LOS BIENES Y SERVICIOS:

Esta ley derogó la antigua Ley de Protección al Consumidor y al Usuario, dándole a un organismo llamado INDEPABIS, conocido antes como INDECU, facultades de control sobre la producción de bienes y servicios, que violan el derecho constitucional al debido proceso y a la defensa de los comerciantes, productores, distribuidores y prestadores de servicios, mayoristas o detallistas; dejando sólo a criterio del Presidente de la República, la calificación de quienes acaparan, especulan o boicotean esta actividad, con total arbitrariedad en la aplicación de la ley y con facultad para intervenir tu negocio, ocuparlo, clausurarlo, cerrarlo, imponer multas exorbitantes que superan tu capacidad económica, o incluso, llevarte a la cárcel. Igualmente, esta ley le otorga al Presidente de la República, el poder absoluto de calificar cuales bienes o servicios son de primera necesidad, con la posibilidad que tus bienes, muebles o inmuebles (negocios, viviendas, vehículos, empresas, etc), sean declarados por el Presidente como tales en cualquier momento y puedan expropiártelos sin cumplir con el debido proceso, sin que puedas defenderte y sin que hayan sido declarados previamente de utilidad pública ni te paguen lo que realmente valen, violándose totalmente el estado de derecho. (Artículos: 3, 5, 101, 111, 124).

3.- LEY ORGÁNICA DE SEGURIDAD Y SOBERANIA AGROALIMENTARIA:

En esta normativa, se controla en forma CENTRALIZADA, la actividad relacionada con lo que el Presidente de la República denomina seguridad y soberanía agroalimentaria. Según esta ley, corresponde sólo al ejecutivo nacional, la facultad de determinar cuales son los bienes que aseguran, según él, la disponibilidad y acceso oportuno a los alimentos, así como su cantidad y su calidad. Asimismo, esta ley declara de utilidad pública e interés social, todos los bienes que aseguren el cumplimiento del objeto de la ley, por lo que, tus bienes, en este caso, fincas, siembras, transportes, maquinarias agrícolas o cualquier otro apropiado para los fines de la ley, pueden ser objeto de expropiación, confiscación y comiso, además de poder aplicarte multas cuantiosas, suspenderte permisos o licencias e incluso llevarte a prisión, sin cumplir con lo establecido en la Constitución Nacional respecto al debido proceso, el pago justo y oportuno del valor de tus bienes, presunción de inocencia y el derecho a la defensa de las personas en todo estado y grado del proceso, elementos violatorios del estado de derecho y de justicia, que consagra expresamente nuestra Constitución Nacional. También, se faculta a la Reserva Militar, EN CONTRA DE TU VOLUNTAD, para intervenir, permanecer y custodiar las instalaciones y demás medios de producción a juicio exclusivo del Presidente de la República. (Artículos: 2, 3, 4, 5, 20, 24, 25, 29, 31, 105, 111, 112, 113, 114, 118, 119, 127, 147).

4.- LEY DEL RÉGIMEN PRESTACIONAL DE VIVIENDA Y HÁBITAT:

Esta ley acaba con la descentralización y participación popular en materia de organización, planificación, ejecución y control de las políticas del Estado en materia de vivienda y hábitat; ya que solo el presidente de la República tiene la facultad exclusiva y excluyente, por medio del Ministerio respectivo, de determinar dónde, cuándo, cómo y para quienes se construirán viviendas y de qué tipo; sin importar la organización y la participación ciudadana, que en tal actividad, habíamos conquistado. Aquí, no hay posibilidad que la gente organizada por medio de las Organizaciones Comunitarias de Vivienda, llamadas OCV, planifiquen y ejecuten acciones tendientes a mejorar su calidad de vida y satisfacer sus necesidades en materia habitacional. Las OCV quedaron excluidas del sistema y será el Estado Central, por medio del Presidente de la República, quien controle toda la cadena productiva de viviendas, es decir, desde el terreno, los materiales, la ejecución, la culminación, la venta y el financiamiento de las viviendas. Tanto es así, que la nueva ley declara de utilidad pública todos los bienes y servicios que se emplean en la planificación, producción y consumo en materia de vivienda y hábitat, pasando por encima y sin tomar en cuanta a las autoridades regionales, Gobernaciones y Alcaldías, quienes conjuntamente con sus comunidades y en forma descentralizada, organizada y protagónica, tienen la obligación y el derecho de participar en los planes de la Nación en materia habitacional. Con tal facultad, centralista y confiscadota, cualquier bien de tu propiedad, puede ser objeto de expropiación sin que se cumpla el debido proceso. La propia ley declara la utilidad pública de todo lo que sirva para la construcción de viviendas, incluso su arrendamiento, donde también el Presidente de la República tiene facultad para establecer el monto de lo que podemos cobrar por alquilar inmuebles. De allí lo que hemos visto hasta hoy, como el Gobierno ha expropiado siderúrgicas; empresas de electricidad, cementeras, fincas rurales, terrenos urbanos, entre otros.
Esta ley aumenta el porcentaje a financiar viviendas que llega hasta el 100 % del valor de las mismas; pero también aumenta la cantidad de dinero que te será descontada mensualmente por concepto de Ahorro Obligatorio para Vivienda. Antes, de tu salario básico mensual se descontaba el uno por ciento (1%) y el patrono pagaba el dos por ciento (2%). Ahora, se pagará el mismo porcentaje pero deducido del monto del salario integral, es decir, te descontarán del total que obtengas, además del salario base, también de lo que ganes adicional por concepto de bonos, utilidades, vacaciones, etc. Esto significa que tanto el trabajador, como el patrono tendrán más carga económica obligatoria, disminuyendo el ingreso familiar de las clases populares y aumentando los costos de operaciones comerciales e industriales, lo que desestimula la inversión y la producción económica. (es ésto socialismo?)
(Artículos: 1, 3, 5, 6, 20, 21, 28, 30, 55, 60, 61, 70, 75)

5.- LEY DE REESTRUCTURACIÓN DEL INSTITUTO NACIONAL DE LA VIVIENDA (INAVI):

Esta ley establece la obligación del Instituto de reestructurarse y adecuarse a la política centralizada del Gobierno en materia de viviendas, excluyendo nuevamente a las Gobernaciones y Alcaldías en el proceso de participación en la planificación y ejecución de los planes de urbanismo, hábitat y vivienda de carácter e interés social. (Artículos 2, 3, 6, 7, 8)

6.- LEY DE REFORMA DE LA LEY DEL INSTITUTO NACIONAL DE LA VIVIENDA (INAVI).-

Bajo esta normativa, el Instituto Nacional de la Vivienda (INAVI) depende del ministerio de Vivienda y Hábitat, tiene competencia en esa materia, correspondiéndole la ejecución de los planes, proyectos, programas y acciones, bajo los lineamientos del Presidente de la República en forma exclusiva y centralizada, sin tomar en cuenta Gobernaciones y Alcaldías, atentando contra la descentralización y la participación de las regiones en los planes habitacionales del País.
También, declara de utilidad pública, todo lo referente a la construcción de viviendas de interés social, por lo que, es aplicable a cualquier bien, mueble o inmueble, el procedimiento de expropiación sin cumplir con lo establecido en nuestra Constitución Nacional, violando el debido proceso y el derecho a la defensa. (Artículos: 1, 2, 6)

7.- LEY PARA EL FOMENTO Y DESARROLLO DE LA ECONOMIA POPULAR.-

Esta ley recoge un poco lo plasmado en el proyecto de reforma constitucional planteado por el Presidente de la República y al cual

dijimos NO el pasado 2 de Diciembre, respecto al establecimiento obligatorio del socialismo en las comunidades, la imposición y el establecimiento de la propiedad colectiva y común en todo el territorio nacional. Establece el Trueque y la moneda comunal, como medios de pago y de intercambio de bienes y servicios. Centraliza la política socioproductiva que se origine en el seno de la comunidad, al exclusivo criterio del ejecutivo nacional, siendo éste quien controle, por medio de sus órganos, a cualquier organización, bien sean cooperativas, de autogestión, de producción familiar o cualquier otra, que tengan como objetivo la producción social. Se excluye la participación de las Gobernaciones y Alcaldías como entes articuladores y cooperadores en la formación , ejecución, desarrollo y control de la política económica popular, atentando contra la descentralización y el verdadero poder popular. (Artículos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 11, 13, 16, 26) Este contenido se es el mismo que se planteó en el proyecto de reforma constitucional, al cual dijimos NO, en su artículos 113 y 115. Entonces, es no es una reforma disfrazada?

8.- LEY PARA LA PROMOCION Y DESARROLLO DE LA PEQUEÑA Y MEDIANA INDUSTRIA:

Esta ley, además de regular el proceso de desarrollo integral de la pequeña y mediana industria, establece la propiedad social, con exclusión de la individual y privada, e insiste, como las anteriores, en centralizar, en la persona del Presidente de la República, todo lo concerniente al fomento, desarrollo y financiamiento de estas empresas. Corresponderán beneficios de financiamiento, sólo a quienes a criterio del Ejecutivo nacional, cumplan con los requisitos para ello establecidos por el y que impulsen sólo el modelo productivo que el establezca; teniendo como característica la exclusión de su ámbito, a quienes piensen o actúen diferente a los lineamientos socialistas establecidos por el Presidente o cualquiera de sus órganos. Según esta ley, todo lo concerniente a los programas de financiamiento, reestructuración de deudas, incentivos a las inversiones; promoción para el mejoramiento de la producción y el intercambio productivo, será regulado por el ejecutivo nacional, a su criterio y a su sólo juicio, lo que aumenta el centralismo, desestimula la inversión y promueve la exclusión social en el factor productivo del País a quienes piensen distinto a la corriente socialista. (Artículos: 1, 2, 3, 4, 7, 8, 9, 11, 12, 16, 17, 26, 31) . El contenido tiene que ver con la inclusión de la Propiedad Social, establecida en el artículo 115 del Proyecto de Reforma Constitucional al cual le dijimos NO el pasado 2 de Diciembre. Lo recuerdas? Es o no es una reforma disfrazada?


9.- LEY DE SUPRESIÓN Y LIQUIDACIÓN DEL FONDO DE CRÉDITO INDUSTRIAL (FONCREI):

Tiene como objeto la liquidación de FONCREI, creado en el año 1978, para dar paso a un nuevo y burocrático organismo, llamado Instituto Nacional de Desarrollo de la Pequeña y Mediana Industria, a los efectos de dar por terminado todos aquellos convenios, contratos y demás acuerdos que no se adapten a los nuevos fines, es decir, que no se adapten a la visión única y centralizada del Presidente de la República dentro del marco de la institucionalización del socialismo dentro de la estructura organizativa del País. Es decir, serán revisados todos los créditos, contratos y posibles acuerdos que usted haya celebrado con FONCREI, por lo que, si de ese estudio resulta que su situación legal no conviene a los nuevos fines del Gobierno, su contrato o acuerdo pudiera ser objeto de no renovación, no reestructuración de deuda, no exención de intereses o que sencillamente le estará prohibido obtener créditos o financiamientos durante el lapso de Diez (10) años. (Artículos 3, 5, 6, 13).


10.-LEY DE CREACIÓN DEL FONDO PARA LA CAPTACIÓN DE RECURSOS EXCEDENTARIOS:

Establece que cualquier excedente, ganancia o superavit, que produzcan las empresas del Estado, Institutos Públicos y Fundaciones o Asociaciones Civiles creadas con fondos públicos, no relacionadas con actividades de hidrocarburos, será destinado a un fondo social que servirá para el pago de proveedores y contratistas para la ejecución y desarrollo de los programas y proyectos de inversión social. Dicho fondo será administrado y empleado en lo que diga el Presidente de la República, por un organismo llamado Comisión Central de Planificación, aumentando el centralismo en perjuicio de las regiones y localidades cuando éstas tengan como Gobernadores o Alcaldes, personas con tendencias políticas distintas a la corriente oficial. En tal virtud, se establece el complemento para aumentar aún más, el poder en la persona del Presidente, cuando tiene la facultad de administrar a su capricho, todos los fondos excedentarios que el Estado perciba, tanto petroleros, establecidos en otras leyes, como por concepto de actividades no derivadas de hidrocarburos previstas en esta ley. (Artículos 2, 3, 4, 6 7).

Te parece correcto esto? Crees que el Presidente debió haber decretado que parte de esos recursos extras, le correspondieran a las regiones en forma de ingresos extraordinarios, de manera de cubrir también gastos de inversión y desarrollo social? No es excluyente eso?


11.- LEY DE REFORMA PARCIAL DE LA LEY DEL SEGURO SOCIAL:

En este decreto ley, se incluyen nuevos artículos tales como el 88, 89, 90 y 91, los cuales entrarán en vigencia pasados noventa (90) días siguientes a la publicación de la ley en Gaceta Oficial; mediante los cuales se establece la calificación de las infracciones y las sanciones aplicables a quienes incumplan la ley. Estas sanciones consisten en multas y se fijan en unidades tributarias. Las infracciones calificadas como muy graves, pueden incluso ocasionar, además de multa, el cierre del establecimiento por tres (3) días. Esta ley establece además, que si usted desea vender, ceder, traspasar, donar o regalar su negocio, empresa o establecimiento, a cualquier persona, incluso a sus hijos, para poder notariar, registrar o de cualquier forma autenticar los documentos, no podrá hacerlo si mantiene deuda con el seguro social. Esto limita el ejercicio del derecho de propiedad, al condicionar cualquier acto de disposición de sus bienes, al hecho de estar solvente con el Seguro Social.
También, la ley del Seguro Social deja a criterio del Presidente de la República, la posibilidad de aumentar el grupo de personas a quienes se amplíe la protección, tales como: trabajadores a domicilio, domésticos, temporeros y ocasionales; trabajadores no dependientes y mujeres no trabajadoras con ocasión de la maternidad. Estos derechos debieron incluirse expresamente en la ley y no dejarlos a capricho del Ejecutivo Nacional dentro de su línea centralista. (Artículos: 2, 3, 88, 89, 90, 91, 106, 107)


12.- LEY DE REFORMA PARCIAL DE LA LEY ORGANICA DEL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL:

Esta reforma no trae nada nuevo a la Ley Orgánica del Sistema de Seguridad Social anterior. Sólo se modificaron los artículos 28, 43, 51, 104, 112, 113, 116. No presenta relevantes cambios a favor de los asegurados y mantiene la facultad del Presidente de la República de elegir al Superintendente de Seguridad Social, quien es la persona que fiscaliza, supervisa y controla los recursos financieros que integran el sistema de seguridad social, excepto los recursos de Vivienda y Hábitat. No descentraliza ni otorga facultades a las Gobernaciones y Alcaldías para participar activamente en los planes ejecutivos del sistema de seguridad social integral.


13.-LEY ORGÁNICA DE TURISMO:

Se cataloga esta ley como intervencionista y centralista, ya que desarrolla políticas en materia turística nacional donde el Presidente de la República, por medio del Ministerio respectivo, es quien planifica, fomenta, desarrolla y controla las actividades del sector turístico. A pesar que la nueva ley califica al turismo como una actividad comunitaria y social, se centraliza el control total en el Ejecutivo Nacional, condicionando su relación con las regiones en atención a que éstas se adapten al esquema bolivariano. (exposición de motivos). También, se amplía y se fortalece el esquema sancionatorio a lo operadores turísticos, aumentado el monto de las multas y los motivos para aplicarlas. Establece el UNO POR CIENTO (1%) de los ingresos brutos mensuales de los operadores y prestadores de servicios turísticos, como contribución especial al Instituto Nacional de Turismo (INATUR).

Esta ley declara de UTILIDAD PÚBLICA todo lo referente a la actividad turística, por lo que, cualquier infraestructura, transporte, establecimiento, negocio turístico, o cualquier bien mueble o inmueble destinado a dicha actividad, puede ser objeto de expropiación, sin cumplir con el procedimiento establecido en la Constitución Nacional, violándose el debido proceso y el derecho a la defensa. (Artículos 2, 3, 8, 9, 14, 103, 104, 105, 107, 108, 109, 110,111,112, 113,114).


14.- LEY DE TRANSPORTE FERROVIARIO NACIONAL:

Se caracteriza por tener un contenido altamente político e ideologizante, al señalar las expresiones Gobierno Revolucionario, Gobierno Bolivariano, Socialismo Revolucionario del Siglo XXI; declarando el socialismo como sistema imprescindible para iniciar las nuevas políticas ferroviarias del País. (exposición de motivos).
Si bien esta ley desarrolla políticas de participación ciudadana en la gestión pública ferroviaria del Estado, su contenido es excluyente de todo aquel cuyo pensamiento o corriente ideológica sea distinta al establecido por el Gobierno central. De allí la cantidad de problemas y conflictos que se han suscitado entre trabajadores y Sindicatos de Transporte Ferroviario; huelgas; paralizaciones de obras, etc.- Esta ley centraliza en la persona del Presidente de la República, la planificación, desarrollo, control y ejecución de toda la actividad ferroviaria nacional, excluyendo la participación de las Gobernaciones y Alcaldías.
Se declara de UTILIDAD PUBLICA todas las actividades relacionadas con la construcción, prestación, desarrollo y conservación del sistema ferroviario nacional. En consecuencia, es aplicable la expropiación, SIN EL DEBIDO PROCESO, a cualquier bien o derecho que afecte el desarrollo del sistema, así como sus actividades conexas. (Artículos: 3, 6, 20, 21, 23)


15.- LEY ORGÁNICA DE LOS ESPACIOS ACUATICOS:

Tiene por objeto regular el ejercicio de la soberanía, jurisdicción, administración y control de los espacios acuáticos, insulares y portuarios, de acuerdo a sus potencialidades y a las líneas generales definidas por la PLANIFICACIÓN CENTRALIZADA. Es aplicable en todos los espacios marítimos, fluviales y lacustres de la República. Se le cuestiona el alto contenido centralista, sin tomar en cuenta la participación de las regiones y sus autoridades respectivas, es decir, Gobernadores y Alcaldes. Se impone a los particulares, prestadores de servicios de lanchaje y remolcadores, una tasa del Diez por Ciento (10%) de sus ingresos brutos, como contribución al patrimonio del Instituto Nacional de Espacios Acuáticos (INEA). Además, se declara de INTERÉS Y UTILIDAD PÚBLICA, todo lo relacionado con el espacio acuático, insular y portuario; especialmente el transporte marítimo y sus actividades conexas; pudiendo aplicarse en consecuencia la expropiación de bienes, sin cumplir con el debido proceso establecido en nuestra Constitución Nacional. (Artículos: 1, 2, 3, 80 ).

16.- LEY DE CANALIZACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LAS VIAS DE NAVEGACIÓN:

Por medio de esta ley, se politiza la actividad de acondicionamiento de vías de comunicación en los espacios acuáticos, cuando es deber del Estado y del Gobierno cumplir el objetivo y la finalidad de ley, sin ningún tipo de ideologización política. Tanto es así, que actividades como la reactivación del Canal del Río San Juan, en el estado Monagas, se han politizado radicalmente, relacionándolas con proyectos denominados “Orinoco Socialista”, dando origen a la exclusión social por razones ideológicas y politico-partidistas, a quienes disientan del proyecto establecido por el Ejecutivo Nacional.
Mediante este instrumento jurídico, se centraliza exclusivamente en la persona del Presidente de la República, las facultades de planificación, desarrollo y control de las actividades aquí establecidas, sin tomar en cuenta la participación de las regiones y sus autoridades electas popularmente. También se declara de INTERÉS Y UTILIDAD PÚBLICA, todo lo concerniente a la canalización y mantenimiento de las vías de navegación de la República, por lo que es aplicable también aquí, la EXPROPIACIÓN DE BIENES, sin cumplir con los procedimientos establecidos en nuestra Constitución Nacional y en las leyes que regulan la materia. (Artículos: 1, 2, 3, 5)

17.- LEY DE SALUD AGRICOLA INTEGRAL:
Este instrumento jurídico deroga la antigua Ley sobre Defensas Sanitarias Vegetal y Animal, del 18 Junio de 1941.
Su objeto principal es garantizar la salud agrícola integral, que incluye animales, vegetales, productos, suelo, agua, aire y personas; así como su relación entre unos y otros. Si bien su objeto pareciera extraordinario, se le cuestiona su carácter CENTRALISTA y la alta injerencia del Presidente de la República por medio de sus órganos, en la planificación, desarrollo, ejecución y control de las actividades aquí establecidas. Al igual que el resto de las leyes anteriores, también se declara de UTILIDAD PÚBLICA, INTERES NACIONAL Y SOCIAL, todos los bienes y servicios propios de las actividades de salud agrícola integral; pudiendo aplicarse procedimientos de EXPROPIACIÓN, sin cumplir con el debido proceso y el derecho a la defensa, derechos de rango constitucional establecidos en nuestra Carta Magna. (Artículos: 1, 2, 3, 8, 14, 20, 23, 38)

18.- LEY DEL BANCO AGRICOLA:

A través de esta ley, se pretende establecer lineamientos que regulen el financiamiento agrario por medio del Banco Agrícola, el cual entra dentro de la clasificación de Banco Universal, estableciendo condiciones particulares de alto contenido político e ideologizante, enmarcadas dentro de lo que el Presidente de la República denomina Socialismo del Siglo XXI. Se le cuestiona el hecho, que más que atender verdaderas necesidades económicas y financieras de los productores agropecuarios, su reforma obedece a motivos eminentemente partidistas, al excluir de cualquier beneficio crediticio y protección económica financiera, a quienes disientan del pensamiento oficialista y a quienes a criterio del Ejecutivo Nacional, entraben, menoscaben o limiten el desarrollo del proceso revolucionario. (exposición de motivos). Por ejemplo, pudiera ocurrir aquí, que si usted firmo contra el Presidente de la República en el pasado referendo revocatorio de mandato, lo más seguro es que su solicitud de crédito agrícola sea negada.


19.- LEY DE BENEFICIOS Y FACILIDADES DE PAGO PARA LAS DEUDAS AGRICOLAS:

Esta nueva ley regula lo concerniente al financiamiento agrícola, específicamente en lo que se refiere a los beneficios y facilidades de pago de las obligaciones contraídas por los usuarios de ese sector. Se le cuestiona el hecho de su alto contenido excluyente y discriminatorio, al no incluir en dichos beneficios, a quienes disientan de los principios socialistas establecidos por el Presidente de la República dentro del marco de su revolución. Si bien la ley establece la posibilidad de reestructurar deudas, ordenar su remisión y condonar parte de capital o intereses, esos beneficios los decreta y ordena el Presidente de acuerdo a su conveniencia y se los otorga a quienes considere favorecidos de acuerdo a su juicio. (Artículos: 1, 2, 3)

20.- LEY DE CRÉDITO PARA EL SECTOR AGRARIO

En este instrumento se regula fundamentalmente el financiamiento, por parte de los Bancos Comerciales y Universales, a través de créditos en el sector agrario, con el fin de sustentar el desarrollo agrario nacional, estadal, municipal y local para satisfacer los requerimientos del sector, tanto en actividades principales como conexas. Si bien menciona el desarrollo agrario de las regiones y municipios, el control de la actividad financiera en este sector corresponde exclusivamente y en forma CENTRALIZADA, al Ejecutivo Nacional por medio de sus órganos. Se le cuestiona su contenido ideologizante debido a que su reforma se enmarcó dentro de los lineamientos del modelo de sociedad impuesto por el Presidente de la República, denominado “Proceso Revolucionario” y Socialismo del Siglo XXI”; lo que no deja de ser excluyente respecto a quienes no compartan el mismo pensamiento.- (Exposición de Motivos).

21.- REFORMA PARCIAL DE LA LEY ORGÁNICA DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA:

Se incluyen nuevos artículos, mediante los cuales el Procurador General de la República, como Abogado del Estado, desarrollará todo el Sistema de Asesoría Jurídica del País. Cualquier organismo del Estado que contrate cualquier asesoría legal, deberá contar con la autorización previa del Procurador o Procuradora. En esta reforma se amplían las facultades del Procurador o Procuradora General de la República, autorizádolo (a) para otorgar poderes a los Embajadores y Cónsules de la República, acreditados en País extranjero, para actuar en asuntos relacionados con las respectivas embajadas u oficinas consulares. También se le faculta para solicitar cualquier información a los Notarios, Registradores o cualquier otro funcionario, en cualquier asunto que se le requiera; estando dichos funcionarios en la obligación de prestar colaboración al respecto, incluso a trasladarse cuando sea requerido a solicitud del Procurador o Procuradora. Tanto es la facultad que se le otorga, que el Procurador o Procuradora General de la República, podrá participar en los procesos de formación de leyes en el seno de la Asamblea Nacional. (Artículos 1, 4, 5, 14, 15, 17, 18, 21, 46, 48, 69).

Se le cuestiona el hecho de establecer procedimientos más engorrosos y burocráticos que la Ley anterior, produciendo retardos en los procesos administrativos y judiciales, en detrimento de los principios de equidad, economía y celeridad procesal.


22.- LEY DE SIMPLIFICACIÓN DE TRÁMITES ADMINISTRATIVOS:

Con esta ley se busca eliminar la manera como las Gobernaciones y Alcaldías, entre otros entes de la administración pública, aplican las normas y procedimientos administrativos en el ejercicio de sus funciones, para los trámites que se realizan ante sus oficinas o dependencias. Se establece además, que será el Ejecutivo Nacional, por medio del Ministerio de Planificación y Desarrollo, quien desarrollará los lineamientos de supervisión y control de todo lo referente a trámites administrativos en cualquier organismo público, nacional, regional o municipal. Asimismo, se incorpora a los Consejos Comunales, así como a otras formas de organización popular, en el control de los procesos y trámites administrativos. Se cuestiona el hecho que todos los planes de organización en los trámites administrativos de las Gobernaciones y de las Alcaldías, dependen de los lineamientos que establezca el Ejecutivo Nacional en forma CENTRALISTA, disminuyendo la autonomía de las autoridades regionales y locales, en la elaboración de sus normas, reglamentos y demás trámites administrativos. (Artículos: 1, 2, 3, 6, 43, 53, 54)


23.- LEY DEL BANCO DE DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL (BANDES):

Constituye el antiguo Fondos de Inversiones de Venezuela, transformado luego en Banco de Desarrollo Económico y Social. Tiene como objeto promover el desarrollo económico-social y financiar actividades a través del apoyo técnico y financiero a las inversiones productivas nacionales e internacionales, de acuerdo con las líneas generales del plan de desarrollo del Estado. Se le cuestiona el hecho que esta reforma fortalece la capacidad de endeudamiento de BANDES para dar respuesta a los requerimientos del Ejecutivo Nacional respecto a la inversión; dándole extrema injerencia en los asuntos de la Institución, poniendo en riesgo el patrimonio y la solvencia del Banco por la falta de control de sus inversiones. (Artículos: 2, 3, 4, 5, 9, 12).
También se le cuestiona, que en el proceso de análisis para otorgar créditos sobre proyectos de inversión social e industrial, se excluye de los beneficios para obtener los mismos, a personas cuyo pensamiento político sea distinto al del Presidente de la República y en consecuencia, contrario al llamado proceso revolucionario. De allí vemos que aún, en la mayoría de las Instituciones y Organismos del Estado, se aplica la famosa lista de personas que firmaron contra el Ejecutivo en el pasado referendo revocatorio presidencial, para excluirlos de cualquier beneficio que por ley pueda corresponderle.



24.- LEY DE REFORMA DE LA LEY ORGÁNICA DE LA ADMINISTRACIÓN FINANCIERA DEL SECTOR PÚBLICO:

Esta ley tiene como objeto regular la administración financiera del sector público, que no es otra cosa que el conjunto de sistemas, órganos, normas y procedimientos que intervienen en la captación de ingresos públicos para la Nación. Está bajo el control del Presidente de la República a través del Ministerio de Finanzas.
Mediante esta ley, es obligatorio que los Institutos Autónomos, los Institutos Públicos y las Sociedades Mercantiles del Estado que se dediquen a actividades financieras, sean autorizados por el Presidente de la República, en consejo de Ministros, para realizar operaciones de crédito público, sin que tengan que cumplir con los requisitos de leyes especiales. Esto trae como consecuencia el exceso de poder y la falta de control del Ejecutivo Nacional en la administración del presupuesto de la Nación a su libre capricho, autorizando operaciones de crédito público sólo respecto a inversión en planes que considere afecto o necesario a su proyecto político, fomentando la exclusión y negando la participación y autonomía de las regiones. (Artículos: 1, 2, 3, 90)

25.- LEY GENERAL DE BANCOS Y OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS:

En principio se mantiene el mismo contenido de la Ley General de Bancos y Otras Instituciones Financieras del año 2001, con la modificación del Artículo 318, que obliga al Fondo de Garantías de Depósitos y Protección Bancaria (FOGADE), a liquidar los bienes que adquiera producto de sus funciones, mediante oferta pública y en un plazo no mayor de 3 meses, prorrogables por una sola vez. Sin embargo, y aquí es donde está lo malo de la reforma, el mismo artículo 318 establece que a petición de cualquier Ministro y PREVIA AUTORIZACIÓN del PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA, FOGADE podrá autorizar la transferencia de bienes a la República, por cualquier medio traslativo de la propiedad, sin necesidad de oferta pública ni cumplimiento de requisitos. Dice además, que el valor de los bienes será pagado por la República a FOGADE, a través de cualquier modalidad de pago convenido.
Se le cuestiona que, nuevamente, como en todas las leyes habilitantes, el Presidente de la República tiene demasiada intervención. Deja a su voluntad plena la posibilidad que FOGADE, que es el organismo que garantiza nuestros depósitos en los Bancos y además protector de todos nosotros como ahorristas y usuarios de servicios bancarios, ponga en juego su patrimonio, dado que se establece que la República Bolivariana de Venezuela, podrá adquirir bienes muebles o inmueble de cualquier clase que pertenezcan a esta institución y pagarle de cualquier manera su precio, ya sea a crédito, a corto, mediano o largo plazo; bien sea con dinero, con acciones, con títulos de la deuda pública, bonos o papeles o con cualquier forma de pago convenida entre ellos. Esto crea inseguridad jurídica en el sistema financiero y bancario por cuanto al disminuir el patrimonio de FOGADE, disminuye también la garantía de nuestros depósitos en los distintos bancos del País y por supuesto nuestra protección como usuarios del sistema financiero. (Artículo 318).


26.- LEY ORGÁNICA DE LA FUERZA ARMADA NACIONAL BOLIVARIANA:

Esta ley es totalmente violatoria de nuestra Constitución Nacional, ya que su contenido modifica la estructura y la organización de nuestra Fuerza Armada Nacional y la coloca al servicio del Presidente de la República. Empezando por haberle cambiado el nombre a “Fuerza Armada Nacional Bolivariana”, cuando la propia Constitución no consagra tal denominación. También, la reforma estipula nuevos rangos y cargos militares, tales como Oficial Técnico; Mayor General, Almirante en Jefe y Comandante en Jefe; con contenido eminentemente político, totalmente contrarios a los principios de defensa y seguridad de la Nación, donde el ámbito militar debe estar subordinado al civil y no al contrario. La Reserva Nacional se le denomina ahora Milicia Nacional Bolivariana, pasando a formar parte, conjuntamente con la Milicia Territorial, de una especie de componente o apéndice de la Fuerza Armada; al mando exclusivo del Presidente de la República, siendo prácticamente un ejército paralelo, en defensa de los intereses políticos estratégicos del Ejecutivo Nacional.
La Milicia Nacional , al mando del Presidente de la República, tiene poderes de control sobre la sociedad organizada; en especial sobre todas las actividades de los Consejos Comunales, dado que dentro de sus funciones está la de recabar, procesar y difundir la información de los Consejos Comunales, así como de cualquier institución pública o privada, que a juicio del Ejecutivo Nacional, estén relacionados o sean necesarios para la elaboración de sus planes, programas y proyectos. Los CONSEJOS COMUNALES ESTAN AHORA MILITARIZADOS, y para el desarrollo de sus actividades, tendrán que regirse por lo que diga el Presidente de la República en cualquier materia de interés comunal, con intervención directa y vigilancia estricta por parte de la Milicia Nacional, lo que constituye una violación a la autonomía regional y municipal y al principio de participación popular en la planificación y ejecución de políticas públicas de desarrollo social y bienestar para la comunidad.

A todos los componentes de la Fuerza Armada se le agrega ahora la expresión “Bolivariana”. ESTO ES EXACTAMENTE IGUAL AL CONTENIDO DE LOS ARTICULOS 328 y 329 DEL PROYECTO DE REFORMA CONSTITUCIONAL, propuesto por el Presidente de la República el pasado 2 de Diciembre y al cual dijimos NO mediante decisión popular y soberana. En ese proyecto, como ahora en esta ley, se habla de Ejercito Nacional Bolivariano; Aviación Militar Bolivariana; Armada Nacional Bolivariana y Guardia Nacional Bolivariana. SERA CASUALIDAD ESO? ENTONCES? ES O NO ES UNA REFORMA DISFRAZADA?

Asimismo, esta ley politiza la educación militar al obligar a que se tenga como elemento de inspiración y base filosófica, la teoría educativa socialista (exposición de motivos), lo que contradice los principios verdaderos de seguridad integral de nuestra soberanía y defensa de la República, los cuales deben ejercerse sin ninguna parcialidad, sin tintes ni matices políticos-partidistas.

El rango civil de Comandante en Jefe de la Fuerza Armada que ostenta el Presidente de la República según nuestra Constitución Nacional, ahora es un rango militar según esta reforma, lo que demuestra la visión militarista que de la República tiene el Gobierno nacional y conlleva sin duda a la politización de los órganos que componen la estructura del Estado, aún en materia de Seguridad y Defensa de la Nación.

Y todavía hay más… . También, esta ley autoriza al Presidente de la República para militarizar al País, creando supuestas Zonas de Seguridad, Áreas de Defensa; Regiones y Distritos Militares, cuando a su exclusivo juicio, lo considere necesario para la seguridad, soberanía e integridad del espacio geográfico. Con esta facultad, no es extraño que el Ejecutivo Nacional se le ocurra establecer comandos militares en distintas regiones del País, donde sus autoridades legítimas, Gobernadores y Alcaldes sean adversos a su proceso revolucionario; con la finalidad de tener un control directo sobre sus actividades estratégicas en materia de políticas públicas y/o sencillamente para controlar y reprimir por la fuerza cualquier manifestación popular que a juicio del Presidente de la República, vaya en contra de sus intereses o lo que es lo mismo, en contra de lo que él llama “proceso revolucionario”. (Artículos: 1, 2, 3, 5, 6, 7, 23, 24, 25, 26 numeral 10.; 27, 28, 31, 34, 37, 40, 42, 43, 44, 50, 118).-


En conclusión, estas leyes, INCONSTITUCIONALES TODAS, fijan las bases y establecen los lineamientos para el control total de la estructura del Estado por parte del Presidente de la República, quien en uso de su facultad habilitante, emanada de la secuestrada y partidizada Asamblea Nacional, por medio del llamado paquetazo, insiste en darle piso y sembrar base para terminar de instaurar y legalizar su pensamiento político e ideológico, su proyecto revolucionario y su intención totalitaria y autocrática en el manejo del País; sin importarle la voluntad popular, que el pasado 2 de Diciembre dijo NO a su proyecto de reforma Constitucional.

La leyes habilitantes constituyen una burla a nuestra voluntad popular, a nuestra soberanía y a los principios rectores de nuestra Patria, que son y deben ser siempre dentro de un marco de respeto a la persona, a su dignidad, al ejercicio democrático de su voluntad y teniendo como valores superiores la vida, la libertad, la justicia, la igualdad, la solidaridad y la democracia, donde exista un verdadero pluralismo político, libertad de pensamiento y donde quienes pensemos distinto, tengamos los mismos derechos, sin discriminación y sin exclusión alguna.
Por todo lo expuesto anteriormente, hazte una pregunta:

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SUFICIENTE VERDAD?

EL 23 DE NOVIEMBRE, SOBRAN LAS RAZONES…..!

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NOTA: Los conceptos y opiniones aquí emitidos, son de estricta y exclusiva responsabilidad de Gilberto Reyes Kinzler, titular de la cédula de identidad Nº V-8.818.227 e inscrito en el Inpreabogado bajo el Nº 45.736; de conformidad con lo establecido en el Artículo 57 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.


 
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